Bolivia se debate en una completa carencia de respeto al orden jurídico legal señalado en la Constitución Política del Estado, los mecanismos creados para poner freno al uso arbitrario del poder, como lo fue en los años de las dictaduras y gobiernos neoliberales, han dado muestra de su sumisión absoluta a quienes buscan desesperadamente el poder.

La concentración del poder que, en el pasado reciente tenía el beneplácito del Tribunal Constitucional Plurinacional, parece recobrar fuerza que “deja hacer y deja pasar”, sin cumplir su mandato constitucional. De ahí que para algunos el llamado prorroguismo ahora les parece un escándalo cuando en ese pasado, ni se inmutaban decir qué es lo que estaba pasando con ese poderoso órgano del poder judicial que hacia lo que les mandaban.

Parece ser entonces que el Estado de derecho hubiera desaparecido y su desmantelamiento se da porque la llamada administración de justicia sigue siendo un fracaso frente a una población inerme que solamente atina a observar los hechos, tal vez demostrando cierto arrepentimiento de la manipulación que es objeto y con la resignación propia de la impotencia, acosada por el miedo como arma fundamental.

Lo que esta evidentemente claro es que no creo que habrá retroceso al fallo del TCP que de acuerdo con la Declaración Constitucional 049/2023, los 23 magistrados de los tribunales Supremo, Constitucional y Agroambiental, y los tres miembros del Consejo de la Magistratura, electos en 2017, continuarán en sus funciones.

Es decir, su mandato se extenderá más allá de los seis años consignados en la Constitución. Ese plazo constitucional debería haber terminado, el pasado 3 de enero y, a más tardar el 4 de enero, deberían estar comenzando su gestión otros magistrados y consejeros electos en 2023, como estaba previsto.

Revisando el pasado ni el propio Órgano Ejecutivo hizo casi nada por impulsar las elecciones judiciales, la Asamblea Legislativa ni qué decir, se enlodó en su desinterés y sus disputas internas, en otras palabras se aplazó y aquel show de Andrónico Rodríguez de convocar al Senado para “agilizar” acciones contra el prorroguismo no paso de ser eso, mero show.

Por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, este se ocupó de sacar decisiones no siempre ajustadas al momento político y jurídico que exigía la realidad. A partir del 5 de enero, aunque con dos renuncias, tenemos magistrados y consejeros inconstitucionales, a vista y paciencia del poder político y la indignación de buena parte de la población.

Pero en el pasado inmediato también hubo otras decisiones polémicas como aquella Declaración Constitucional 0001/2020, con la que Jeanine Áñez, senadores, diputados, gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales fueron declarados en prórroga de su mandato.

Años anteriores, otra decisión del TCP removió el avispero político y social. Fue la Sentencia Constitucional 0084/2017, que invocó el Pacto de San José y consideró un “derecho humano” la reelección presidencial indefinida. Evo Morales, al perder un referéndum en 2016 que le impidió una nueva repostulación, acudió al TCP, que falló a su favor, y se valió de esa sentencia para postularse otra vez en 2019.

Ahora, bajo otro gobierno, al que Morales apunta a destronar y desgastar cada día, el TCP acaba de desandar sus decisiones y dispone que dicha forma de reelección no es un derecho humano.

Pero más allá de fallos que los juristas interpretan la Constitución a su modo e interés específico, seguimos viendo a un Tribunal Constitucional Plurinacional quieto mientras no se respetan los derechos constitucionales. Vemos a presos y presas que no tienen derechos, causas judiciales archivadas desde que a los propios jueces no les dio la gana de atenderlas y siguen jugando con la gente…en fin, y finalmente, no faltan aquellos “periodistas” que convirtieron en un “reality” la muerte de un médico en los yungas y del primer feminicidio en Cochabamba.

En noviembre del 2019 el objetivo fue el mismo, no podemos olvidar las quemas de instituciones del estado, la sangre derramada en calles y avenidas. Hoy esos promotores de los hechos proclaman la vida, se declaran partidarios de defender la vida, hacer cumplir la justicia, ya no pueden hablar de la democracia, la palabra les quema el cerebro ya no pueden hablar de paz, ya no pueden hablar de Dios, pues han quebrado todos sus mandamientos.

La cultura de la vida es paciente, pero tiene un límite, el momento que vivimos requiere mucha serenidad para vislumbrar un futuro que despeje la oscuridad que no permite ver con claridad el peligro que se cierne sobre el sueño de revolucionar la justicia, las conquistas democráticas y la supervivencia del mismo Estado que está acosado por quienes tomaron el poder en el pasado.

*Luis Camilo Romero, es comunicador boliviano para América Latina el Caribe