En los varios artículos, que publiqué este año, he sostenido que en Bolivia existe una crisis política, que inexorablemente produciría una crisis de Estado; tal cosa no ocurrió y hoy es tiempo de rendir cuenta de este equívoco.

Efectivamente, la realidad agendada por los medios de comunicación social (MCS) con sus actores y escenarios nos daban elementos para pensar que estábamos realmente en una crisis política, pero héteme aquí que el sistema político, pese a lo que agendaban los MCS se mantuvo sin ningún tipo de fisura, por supuesto con sus problemas de confrontación permanente debido a la división del MAS y la división de los partidos de oposición, que llegaron a generar una “bancada” afín a un Alcalde, definiendo la figura de “transfugio” que por supuesto no fue cuestionado, peor sancionado como señala la ley.

Volviendo al tema que nos ocupa diremos que todo lo que ocurrió este año, en el ámbito político tradicional, estuvo blindado por sentencias “legales” irrefutables, señaladas por la propia ley, y en ese terreno la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no supo manejar el tema de la autoprorroga de los Magistrados, tema que alteró la política pero no lo tensionó, ni produjo ninguna crisis.

El Estado, con ese uso legítimo de la fuerza coercitiva, logró dominar los brotes de conflicto, como tradicionalmente se realizó en Bolivia. Las figuras jurídicas se utilizaron para endilgar delitos a los autores de bloqueos y a quienes apoyaron estas acciones. Todo enmarcado en la legalidad y protección jurídica, planificada y brindada por un astuto Ex -Ministro de Justicia (hoy actuando entre bambalinas), hasta aquí no existe ninguna diferencia con la tradicional manera de gobierno en Bolivia.

La ALP, perdió sin dar batalla, su capacidad fiscalizadora, perdiendo su mejor instrumento de control gubernamental, perdió su cualidad de cuerpo colegiado y se extravió en pequeñas rencillas que siempre fueron parte de la política doméstica boliviana. Por lo tanto, no fueron elementos de crisis política.

La cooptación de otros poderes del Estado por parte del Ejecutivo, no tiene sanciones o prohibiciones legales, salvo el principio de “independencia de poderes”, que en caso de no existir no conlleva pena alguna. Así, la realidad, de un co-gobierno entre el poder Ejecutivo y el Tribunal Constitucional Plurinacional se impuso, sobre un ánimo de pesimismo y sumisión de un ente que otrora fue el canalizador del malestar de los sectores políticos y populares que se llamaba Central Obrera Boliviana. Naturalizada esta situación, al pueblo llano que se encuentra buscando salidas a su situación económica no le que da más que aceptar el hecho político con la sentencia popular de: “así nomás es”. El malestar social se ha transformado en un sentimiento de impotencia, por no contar con ningún mecanismo que se conduela de su situación y pueda convertirlo en rebelión.

Todos los aspectos señalados son parte histórica del ejercicio del poder en Bolivia, por lo tanto, un escenario de crisis como tal no existe, sino una reposición de las formas tradicionales de dominio, conjugada con ambiciones personales. Hemos retornado al siglo XIX, cuando el gobierno pertenecía a clanes familiares y el poder tenía como garantía el cañón de un fusil, hoy acompañada de autos constitucionales.

La división oficial del MAS, avalada por el TCP ha puesto fin al escenario de conflicto que, por supuesto anunciaba una crisis política; pero la última decisión del “Evismo” de aceptar la derrota y pensar en una alianza en enero del 2025, confirma el espíritu “electoral” que habita y domina en la práctica política boliviana.

La crisis como momento de revelación, no se ha dado en Bolivia, repetimos que solamente se trata de un retorno a la forma tradicional de la política boliviana y con la posibilidad de una redición de un José María Linares del siglo XXI. Larga vida a la democracia a la boliviana.

Antonio Abal O.