Bolivia se debate en una completa carencia de respeto al orden jurídico legal señalado en la Constitución Política del Estado, los mecanismos creados para poner freno al uso arbitrario del poder, como lo fue en los años de las dictaduras y gobiernos neoliberales, han dado muestra de su sumisión absoluta a quienes buscan desesperadamente el poder.

La concentración del poder que, en el pasado reciente tenía el beneplácito del Tribunal Constitucional Plurinacional, parece recobrar fuerza que “deja hacer y deja pasar”, sin cumplir su mandato constitucional. De ahí que para algunos el llamado prorroguismo ahora les parece un escándalo cuando en ese pasado, ni se inmutaban decir qué es lo que estaba pasando con ese poderoso órgano del poder judicial que hacia lo que les mandaban.

Parece ser entonces que el Estado de derecho hubiera desaparecido y su desmantelamiento se da porque la llamada administración de justicia sigue siendo un fracaso frente a una población inerme que solamente atina a observar los hechos, tal vez demostrando cierto arrepentimiento de la manipulación que es objeto y con la resignación propia de la impotencia, acosada por el miedo como arma fundamental.

Electos los magistrados del TCP y del Órgano Judicial, el desafío es enorme. A sabiendas de que su elección no fue crucial en relación a la necesaria reforma judicial y ante la necesidad extrema de reordenar la institucionalidad del país y devolverles a los bolivianos el acceso a la justicia, los ahora magistrados y consejeros deben comenzar a cumplir con su palabra empeñada en la difusión de méritos propiciada por el Tribunal Supremo Electoral.

Mirando lo bueno de éste proceso es que finalmente se concretaron las elecciones para elegir a los magistrados, por tanto, ahora les corresponde reencauzar y limitar sus competencias para no interferir en las de otros órganos del Estado, como lo hicieron de manera sucesiva.

Lo malo es que en esa elección, solo 19 de 26 cargos fueron renovados. Esta su condición fue alimentada por la incapacidad de la Asamblea Legislativa de, primero, entregar al TSE una lista incompleta y poco pulcra de postulantes, y, segundo, de no aprobar un mecanismo que resuelva la situación de parcialidad de las elecciones pasadas o terminar con el mandato de los prorrogados luego de esos comicios.

Dirán que aprobaron el Proyecto de Ley 075 con ese fin, pero se sabe que esa decisión fue política y manipulada, que no tuvo el efecto que se esperaba.

Lo feo es que traduciendo el malestar por parte de la población de Sucre, sede del poder judicial, es que el acto se haya realizado en La Paz, en la Casa Grande, no hubieron explicaciones que condujeran a calmar el malestar de las propias autoridades del órgano judicial que esperaban que el acto sea en salones del TSJ.

Se convocaron a Cumbres de la Justicia, se reunieron representantes de organizaciones sociales, de sectores colegiados que debatieron y propusieron muchos cambios. Autoridades nacionales lamentaron que algunas voces de la oposición pretendan tergiversar ese sentimiento colectivo en una especie de «fantasma de hipocresía política», por hechos que obligaban al Estado a asumir medidas para buscar que se llegue a administrar mejor la justicia.

Revisando el pasado ni el propio Órgano Ejecutivo hizo casi nada por impulsar las elecciones judiciales, la Asamblea Legislativa ni qué decir, se enlodó en su desinterés y sus disputas internas, en otras palabras se aplazó y aquel show de Andrónico Rodríguez de convocar al Senado para “agilizar” acciones contra el prorroguismo no paso de ser eso, mero show.

Ahora, bajo otro gobierno, al que Evo Morales apunta a destronar y desgastar cada día, el TCP acaba de desandar sus decisiones y dispone que dicha forma de reelección no es un derecho humano.

Pero más allá de fallos que los juristas interpretan la Constitución a su modo e interés específico, seguimos viendo a un Tribunal Constitucional Plurinacional quieto mientras no se respetan los derechos constitucionales. Vemos a presos y presas que no tienen derechos, causas judiciales archivadas desde que a los propios jueces no les dio la gana de atenderlas y siguen jugando con la gente.

Ni que decir, no faltan aquellos “periodistas” que abusan en el tratamiento de casos de feminicidios, homicidios y otros de lo que el Papa Francisco definió como Coprofilia o la “atracción fetichista por los excrementos”, buscando sangre en todos los casos que dizque “investigan”.

Esta actividad de crónica roja la convierten verdaderamente en un “reality” como fue la muerte de un médico en los yungas y del primer feminicidio en Cochabamba.

La cultura de la vida es paciente, pero tiene un límite, el momento que vivimos requiere mucha serenidad para vislumbrar un futuro que despeje la oscuridad que no permite ver con claridad el peligro que se cierne sobre el sueño de revolucionar la justicia.

Al iniciar el Año Judicial, los magistrados y consejeros electos deben plantear un giro de timón. Si bien no pudo avanzar la ansiada reforma judicial, en sus manos estará cumplir esa tarea.

Ahora aunque incompleta, la sala plena del TCP tendrá quorum suficiente para tomar decisiones cruciales; una de ellas deberá ser la anulación de la prórroga indefinida de los magistrados. Creo que el país espera ya.

*Luis Camilo Romero, es comunicador boliviano para América Latina y el Caribe