En julio del pasado año, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a lideres de partidos, de frentes políticos y de organizaciones sociales del Pacto de Unidad —pro Gobierno— para que validen la eliminación de la democracia partidaria e impedir que los militantes o simpatizantes de un partido o frente puedan decidir quién será su candidato.

El TSE, sin argumento que explique la eliminación de la democracia interna de los partidos políticos —y solo con justificativos: “no puede haber primaria con un solo candidato o “no puede haber primaria en el año que se elija a los magistrados”— decidió, con los actores políticos que ahora no tienen ninguna incidencia en el escenario político-electoral, suspender las primarias.

Los vocales del TSE cumplieron un libreto o no entendieron aún su rol institucional de administrar los procesos electorales que son la manifestación democrática de la ciudadanía; pareciera que las dos interrogantes explican el comportamiento de los vocales que negaron la democracia interna de los partidos políticos para dar paso a la designación, vía cúpulas, en nombre de la “libertad, la democracia y la unidad”.

El primer desvío de los vocales electorales fue liderar la no democracia interna; se convirtieron en los gendarmes de guardería para castigar a la democracia impidiendo la democracia partidaria.

Esta interna democrática hubiese sido la segunda experiencia política en democracia, el actor colectivo legalmente constituido tenía el reto: primero, de poner a prueba la calidad de las estructuras partidarias internas; segundo, la calidad de la militancia; tercero, la legitimidad interna de los postulantes y, cuarto, la dimensión territorial de la organización política.

El mayor déficit de la democracia boliviana es que tenemos desde hace 25 años clubes de amigos convertidos en frentes electorales, que duran el tiempo de la campaña electoral, luego se desvanecen como espuma de cerveza y queda el recuerdo nostálgico del candidato que reaparece de mes en cuando en los medios para lanzar odas a la democracia y a la economía.

También están los autoproclamados, que tienen su mayor momento de gloria en una conferencia de prensa; el presidenciable, rodeado de toda su militancia en una mesa de un pub, anuncia la fundación del nuevo partido que unirá a todos los bolivianos; sin que aún pase el ciclo lunar que dura un mes comunican que decidieron retirar su candidatura para no dispersar el voto; con las primarias, los autopresidenciables dejarían de ser caricatura mediática.

Las primarias desnudarían a los partidos políticos en su naturaleza; una gran mayoría hoy son solo siglas electorales que alquilan sigla y color a quien plantea mejor oferta para los propietarios partidarios. Esta dramática realidad del sistema político ha sido validada por el árbitro electoral, pero en nombre de la democracia.

Lo trágico de esta comedia antiprimarias es que decidieron suspender legalmente la realización de la democracia interna los líderes que no participarán en las elecciones o que tienen preferencia electoral mínima.

Anular las primarias fue confiscar el derecho de decidir de la militancia, la y el militante es la fuente social de la organización política; las candidaturas presidenciables se legitimaban en las primarias e implícitamente validaban la propuesta electoral.

Ante la ausencia de las primarias democráticas la y el militante partidario es sustituido por consultoras especializadas en marketing electoral; la ciudadanía política no tendrá derecho a opinar, menos a decidir, sino opinará la metodología empleada por la empresa electoral en una encuesta; es decir, el voto democrático en las primarias será sustituido por el trabajo remunerado de una empresa privada; el candidato que emerja de la tabulación de los resultados de la encuesta será un producto electoral.

El TSE trata a los partidos políticos como objetos electorales y no como sujetos colectivos de la democracia representativa; no verifica si la organización política legalmente reconocida tiene vida institucional partidaria. Mientras la visión esté centrada en el acto electoral en sí mismo, la democracia, como institución política, está a la deriva, y uno de los principales responsables del estado de situación es el árbitro electoral. El TSE ha dedicado su esfuerzo institucional a ser un juez penal electoral que sanciona al único liderazgo que tiene militancia social nacional y mutila derechos de las y los militantes.

Algunos aspirantes presidenciables, agradecidos con el tribunal inquisidor, porque les libera de la obligación de tener militancia partidaria y democracia interna.