Finalizó la Semana Santa. El gobierno golpista también aprovechó esa oportunidad para potenciar las representaciones que pretende imponer sobre la sociedad. En la ciudad de Santa Cruz el arzobispo local inició las actividades litúrgicas de ese período con una acción peculiar. Vestido con los ornamentos propios del culto y portando sobre la boca un barbijo, conjunto que le confería una extraña apariencia de villano hollywoodense, recorrió varias calles subido a un vehículo militar. Lo escoltaban soldados en uniforme de combate, y era seguido por una caravana de móviles del ejército, lo que ofrecía a la vista una escena fellinesca.

Como es natural, esa liturgia de bendición de ramos pudo haberse llevado a cabo con la escenografía tradicional. No es por lo tanto casual que se haya elegido esa singular puesta en escena, que claramente busca reeditar y hacer público y visible el arquetipo de dominación de la cruz y la espada. De esa forma, en el marco de un golpe de estado que se prolonga indefinidamente, se incrusta a la fuerza sobre el imaginario social el viejo proyecto de cristiandad, en el que la iglesia asume el rol de tutoría moral de la sociedad, despreciando a la Constitución boliviana que define al Estado como “independiente de toda religión”, mientras que las fuerzas armadas abandonan sus funciones específicas, abocándose a un tipo de represión letal contra toda aquella persona o grupo nacional que se oponga a este proyecto. El montaje fue el preámbulo de la actual militarización total de la ciudad de Santa Cruz, con la excusa de un mejor control sanitario, pero que evidentemente esconde el ensayo de un proceso que apunta a la presencia permanente de tropas vigilando a la sociedad civil, fenómeno que está en crecimiento en la región y es ampliamente alentado por las políticas de Washington. En otras dos ciudades se realizaron performaces religiosas similares, pero con la utilización de helicópteros militares y clérigos bendiciendo desde las alturas.

Tampoco es casual que este recurso a la religión y la represión emerja con nuevos ímpetus en medio de una pandemia que el gobierno no sabe ni tiene capacidad de controlar. Su pésima gestión es fácil de comprobar en las numerosísimas contradicciones entre diferentes autoridades sanitarias, el desmantelamiento de las estructuras de atención primaria en salud (que son precisamente las que deben hacer la tarea pedagógica de prevención anterior a la atención hospitalaria), la falta de capacitación y dotación de insumos básicos al personal de la salud, y la ausencia de estrategias de formación e información sobre el Covid-19, que son suplidas por amenazas y prohibiciones.

Criminalización de grupos

A lo anterior se agrega lo que ya es un clásico en las políticas gubernamentales; esto es, la criminalización de grupos poblacionales que se considera afines o simpatizantes del MAS. Son los que la Doble Autoproclamada Añez o sus ministros han calificado en varias oportunidades como “salvajes”, y que medios de prensa cómplices ubican en barrios, localidades y colectivos humanos señalados como responsables del desastre sanitario.

Para completar el siniestro panorama debemos mencionar los altos montos de ayuda que han llegado al gobierno en forma de donaciones desde el extranjero e incluso préstamos de entidades financieras locales, y de los que no se conocen cifras exactas, mucho menos dónde y cómo se van a invertir, aunque una pista la proporcionó el ministro de la presidencia cuando indicó que algunos de esos dineros son de “libre disponibilidad”, lo que en buen romance significa que no habrá control alguno.

Si todo lo anterior fuera poco, hay que tomar en cuenta que una norma gubernamental que se profundiza a medida que transcurren los días es la de cuarentenas cada vez más rígidas y extendidas, sin considerar que un porcentaje muy significativo de la población económicamente activa es cuentapropista: se estima que cerca del 60% de la población ocupada en Bolivia trabaja en el sector informal (transporte, comercio, pequeñas industrias, servicios, etc.) y que subsiste con lo que obtiene cada día en labores que implican desplazamientos.

Errática respuesta oficial

También frente a esta realidad la respuesta oficial ha sido errática, ofreciendo bonos con sumas irrisorias, lo que va aumentando la disconformidad de las mayorías, que experimentan el abandono, la desidia, la ausencia de respuestas prácticas, la inexistencia de políticas macroeconómicas sensatas, y la selectividad del gobierno a la hora de proporcionar ayudas.

Las cifras totales de personas infectadas por el Covid-19 en Bolivia pueden no parecer alarmantes. Sin embargo lo son a la luz del panorama que describimos más arriba, pero también si se toma en cuenta el detalle: la tasa de recuperación es del 0.61% (la más baja de Sudamérica) mientras que la tasa de mortalidad es del 8.18% (una de las más altas de la región).

La llegada de la pandemia a Bolivia, que en un comienzo significó una oportunidad de oro para los golpistas, que postergaron las elecciones y suspendieron una campaña en la que los candidatos del MAS se mantenían encabezando las encuestas, se tornó en pocas semanas en una realidad pantanosa, de la que cada vez parece más difícil salir.

Martín Suso