El 4 de noviembre de 1964, hace exactamente 56 años, se inauguraba en Bolivia la negra época de las dictaduras militares, que se extendería hasta 1982. Aquel aciago día, la aviación ametrallaba sin misericordia alguna a los milicianos movimientistas que, leales a su proyecto histórico, se juntaron en el hoy derruido cerro Laikakota de la ciudad de La Paz, para resistir al golpe militar encabezado por los generales René Barrientos Ortuño y Alfredo Ovando Candia. Por sobre los cadáveres aún tibios de obreros y artesanos, ambos generales terminaron conformando un inédito gobierno bicéfalo para dar contento a sus respectivas ambiciones personales.

El golpe estaba íntimamente asociado a los intereses norteamericanos. Por aquel entonces, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro había dado pruebas claras de sumisión a los dictados de Washington, desmontando sutilmente las conquistas de la Revolución de Abril. El Plan Triangular, diseñado dizque para modernizar la industria minera y tornarla rentable, era un eufemismo que refiere a la vieja receta capitalista de disminuir los costos de producción rebajando los salarios de los obreros. Y como éstos tenían sindicato y conciencia de clase, había que ametrallarlos sin piedad. Pocos meses después, en mayo del 65, los campamentos mineros se teñirían nuevamente de sangre. Entonces, como ahora, el sambenito de agitadores comunistas fue utilizado para justificar la matanza. Un año después, como parte del escarmiento a los trabajadores mineros que expresaban su simpatía y apoyo a las guerrillas comandadas por Ernesto Che Guevara, la fatídica noche de San Juan fue ocasión de otra de las tantas masacres mineras. Las dictaduras mostraban su verdadera faz.

La persistente resistencia obrera y popular tuvo un fuerte espaldarazo con el rompimiento del Pacto Militar Campesino, ideado por los norteamericanos y puesto en vigencia por Barrientos. Ese vasallaje tenía la finalidad declarada de aislar a la rebelde clase obrera de las minas y utilizar a los campesinos como base social reaccionaria. Hasta que vino la masacre de Tolata y Epizana, protagonizada por el entonces Coronel Hugo Banzer Suárez. La historia se repetía sin pudor alguno: había que imponer un paquetazo económico para hacer “rentable” la economía, a expensas de las espaldas de los trabajadores del campo y la ciudad. Los campesinos protestaron. Inadmisible. Había que reprimirlos y así lo hicieron los uniformados. Desde entonces, aceleradamente, empezó el despertar de conciencia de nuestros pueblos indios, indígenas y originarios.

Frente a ello, el imperialismo fraguó el Plan Cóndor, una estrategia represiva destinada a hacer desaparecer a militantes revolucionarios y líderes sindicales más allá de las fronteras nacionales. Sinónimo de dictaduras fueron las desapariciones forzadas, la persecución, el exilio, la cárcel y la tortura, cuando no el asesinato de opositores. Dictaduras afines en todo el Cono Sur de nuestro continente se dieron la mano para deshacerse de toda voz disidente, con el beneplácito de Washington y el financiamiento del narcotráfico y otros negocios turbios. Así se estructuraron comandos operativos que funcionaron por encima de la ley y la soberanía.

Dictadura fue también sinónimo de la sumisión de la prensa, amordazada y autocensurada. La persecución de periodistas por el solo hecho de denunciar los negocios que se hacían con el patrimonio del Estado, nutrió las listas de presos y exiliados. Las organizaciones sindicales, creadas por los propios trabajadores para defender sus derechos colectivos, fueron violentamente desmanteladas. En reemplazo de ellas, los dictadores idearon “coordinadores nacionales” que debían doblar la cerviz ante los patrones. Los derechos políticos fueron completamente desconocidos; los partidos fueron proscritos y sus militantes considerados y tratados como viles delincuentes. Dictadura, en síntesis, fue sinónimo de abusos sin nombre, en nombre de los valores occidentales y cristianos.

Cuesta creer que, hoy, en pleno siglo XXI, todavía existan reaccionarios y fascistas que clamen de rodillas, en un circense espectáculo, por el retorno a esas épocas, cuando el ministro de Gobierno de turno aconsejaba a los opositores andar con el testamento bajo el brazo. No eran frases huecas, sino amenazas reales. Así lo testimonia la historia con la masacre de la calle Harrington, cuando militantes del MIR fueron asesinados sin contemplaciones. Eran las épocas en las que se les endilgaba el adjetivo de “terroristas” a los militantes de izquierda, susceptibles de ser abatidos sin atenuantes.

Hoy, la derecha reaccionaria, atrincherada en sus comités cívicos y sus organizaciones delincuenciales y paramilitares como la Unión Juvenil Cruceñista y la Defensa Juvenil Cochala, rumia su derrota vergonzosa en las elecciones pasadas. Inútil ha sido el esfuerzo del imperialismo por intentar, golpe de Estado mediante, que el pueblo olvide su destino histórico, de la espalda a su instrumento político y vuelva a ser manoseado por una democracia formal que dilucidaba sus leves diferencias en los pasillos del Congreso, intercambiando jugosos maletines llenos de dinero mal habido.

La democracia se abre paso trabajosamente. Y los pititas lo saben.