Este 17 de julio se cumplen 41 años del Golpe de Estado de Luis García Meza, que junto a una Junta de Comandantes llevó unos de los golpes más cruentos de la historia boliviana. Ese 17 de julio en 1980, dicen los historiadores, el objetivo era asesinar a Marcelo Quiroga Santa Cruz, líder del Partido Socialista (PS-1).

Al amanecer de ese 17 de julio, la presidenta Lidia Gueiler era informada del alzamiento de una parte del Ejército, en la ciudad de Trinidad, de inmediato Juan Lechín Oquendo, secretario ejecutivo de la COB, había convocado a una reunión de emergencia del CONADE. Más tarde, como a las 11.30, se efectuó el asalto a la COB, haciendo fuego contra la humanidad de Marcelo, las otras balas contra Carlos Flores Bedregal, quien muere en el acto y luego asesinan al dirigente minero Gualberto Vega Yapura.

Durante la dictadura de Luis García Meza murieron más de 150 personas. El régimen dictatorial de García Meza estuvo vinculado con el incremento del narcotráfico, con actos de corrupción como la venta de los diarios del Che Guevara, el negociado de los vidrios rayban de la piscina olímpica de La Paz y la ilegal concesión de un contrato de explotación de piedras en La Gaiba a una empresa brasileña.

El uso de la fuerza pública del Estado para asesinar al pueblo, creíamos que se había acabado en el régimen de García Meza, porque asegurábamos que era el límite de acciones contra la democracia. El principio del “uso legítimo de la fuerza” que se atribuye el Estado, en realidad es la libre disponibilidad para reprimir y masacrar al pueblo, a quién deberían proteger.

No había sido así, porque al paso del tiempo, otro régimen del terror se instaló en país desde noviembre de 2019, casi con las mismas características, persiguiendo a sus líderes, deteniendo a cualquiera que se exprese en contra, bajo la trilogía de supuestos delitos que impuso el “Ministro del horror”, cuyas acusaciones se basaban en: “sedición, terrorismo y narcotráfico”.

Fue un régimen que también utilizó, como García Meza, grupos de paramilitares (motoqueros de la “Resistencia”, con bazucas, bombas molotov y armamento militar) que llegaron de la vieja herencia de los regímenes de terror que tuvieron su máxima expresión en el denominado “Plan Cóndor”.

Si en el gobierno de García Meza se contabilizaba como 150 muertos, también hubo una larga lista de lista de desaparecidos, torturados, encarcelados y asesinatos como el de Marcelo Quiroga Santa Cruz, o los dirigentes políticos de la calle Harrington, tortura y asesinato del Padre Luis Espinal, son las huellas de esta práctica que disfraza a fuerzas regulares como civiles para cometer los atentados más violentos contra los derechos humanos.

La existencia de grupos paramilitares en Bolivia, en acciones violentas el 2019, es la confirmación de la existencia de un terrorismo de Estado derivado de un golpe de Estado, que a estas alturas ya es innegable, como es innegable que el “fraude monumental” es solamente una mentira que le sirvió a Carlos Mesa para convocar a un Golpe de Estado con todos sus componentes.

Entre noviembre de 2019 a octubre de 2020 se ha desnudado las peores pasiones humanas como el racismo, la angurria por el dinero y la ostentación de poder, males que para los creyentes se encuentran entre los pecados capitales pero ya lo sabíamos, la biblia fue un pretexto, para dispersar el olor a azufre que los precedía.

Conocemos la violencia, conocemos de muertes y detenciones, pero también conocemos de victorias populares y del coraje de los pueblos, por eso tenemos la fe puesta en miles de jóvenes, en campesinos e indígenas, en las mujeres que ven caer a sus hijos, tenemos fe que finalmente llegarán mejores días para el pueblo.

El pueblo tiene en sus manos el freno a este terrorismo estatal y ojalá sea en el tiempo oportuno. Mientras tanto, estamos siempre alertas para mostrarle al mundo que jamás aceptaremos otra vez nos impongan la violencia como recurso para sus caprichos.

Las proyecciones que tenían los golpistas fallaron porque se escamoteó el triunfo popular del octubre en una oscura componenda con los viejos núcleos de poder y donde Mesa hasta Tuto Quiroga, pasando por Camacho, se adjudican en ser sus autores.

El imperativo es recuperar el Estado que ha sido desmantelado porque no podemos retornar al Estado deudor hipotecando el futuro de nuestros hijos, de las generaciones futuras, regalando nuestras materias primas como el litio a las empresas transnacionales que solamente nos dejan pobreza y abandono.

La cultura de la vida es paciente, pero tiene un límite, el momento que vivimos requiere mucha serenidad para vislumbrar un futuro que despeje la niebla que no permite ver con claridad el peligro que se cierne sobre las conquistas democráticas arrebatadas como fue en 1980, pero también en 2019.

Será la historia una vez más que nos devele a los actores del terror, como ya estamos viendo cuando uno a uno van cayendo, ahí lo tenemos uno en EE.UU., otra en Obrajes de La Paz y los otros se encargará la justicia tarde o temprano.

*Camilo Katari, es escritor e historiador potosino