NUESTRA PALABRA No 2

Las organizaciones urbanas de sectores profesionales, sociales y territoriales de Cochabamba, preocupadas por la pésima gestión del Gobierno de facto y por su amenaza destructiva a las conquistas sociales logradas por el pueblo boliviano con mucho sacrificio, en legítimo derecho constitucional, expresamos que las elecciones son urgentes:

1. Por salud para todos

El régimen ha encerrado a la gente con medidas coercitivas, pero no ha tomado medidas sanitarias reales contra el coronavirus. Escasean los tests, y los pocos que hay parecen ser solo para privilegiados como familiares de ministros. Alquilan lujosos hoteles en vez de acondicionar los hospitales que estaban por entregarse y los ya existentes. La salud es parte de la vida y su protección es integral, pero no está asegurada para todos como debiera ser. El único plan del Gobierno frente a la pandemia es la represión, y sabemos que las balas y las botas no podrán nunca vencer a un virus. Mucho menos sucederá eso cuando no han sido capaces de equipar ni capacitar a médicos ni enfermeras, como tampoco a las Policía ni a las Fuerzas Armadas, contándose ya varios fallecidos entre trabajadores de la salud y uniformados, entre el más de un centenar de dolorosas pérdidas.

2. Por la legitimidad y legalidad

Nadie votó por Jeanine Áñez. Por ello Bolivia es inestable desde el golpe de Estado. Es necesario contar con un Gobierno elegido democráticamente para enfrentar las múltiples crisis que sufrimos desde octubre, como son la política, la pandémica, la económica y la alimentaria, que solo hallan como respuesta la violenta represión de una a administración que se dice transitoria. Únicamente autoridades que cuenten con la legitimidad de las urnas podrán enfrentar la calamitosa situación que sobreviene, para la que asimismo se precisa la legalidad que ha sido vulnerada por la ambición de prorroguismo. La norma aprobada en la Asamblea Legislativa refleja el sentido de la Constitución, y eso lo sabe incluso el Tribunal Electoral que ha decidido respetarla.

3. Por la economía solidaria

Hay un drástico deterioro de la economía. La inversión pública y el PIB se desploman, aunque su crecimiento era hasta 2019 reconocido como primero en la región. Hay incertidumbre, pues el régimen no invierte ni paga deudas por obras que estaban en curso. Solo está interesado en negociados. Se han detectado robos descarados en empresas que tanta sangre y lucha costaron a los bolivianos, como YPFB, Entel y BoA, en las que tras enormes desfalcos cambian ejecutivos como calcetines. Han paralizado la fábrica de urea y el tren metropolitano. Se avizoran contratos oscuros para la explotación del litio. Nos hipotecan de nuevo con el FMI y el BM. Vacían nuestros ahorros del Banco Central. Hay retiro general de trabajadores de sus fuentes laborales. Como si fuera una solución, han creado bonos electoralistas de pago único,que sin embargo representan menos de la cuarta parte de un salario mínimo, en tanto los socios banqueros de Añez, que persisten en su afán de lucro con la desgracia, exigen el pago de deudas.

4. Por las libertades conculcadas

Con el pretexto de supuesta sedición o apelando falsamente a la “salud”, el régimen ha restringido el derecho a la libertad de expresión, cerrando medio centenar de radios comunitarias, encarcelando y enjuiciado a ciudadanos tan solo por publicar sus opiniones. Han judicializado la política e inventan todo tipo de recursos para procesar a sus adversarios. Han violado el derecho de miles de compatriotas de ingresar a su propio país, y, como si el Estado fuese su rancho familiar, han violado también su propia cuarentena al usar bienes públicos en provecho de amigos de Jeanine Añez y sus colaboradores. Y, mientras hacían esto, decenas de bolivianos han muerto por enfermedad, por hambre o aún por desesperación quitándose la vida.

5. Por la paz social

Mientras el régimen criminaliza hasta la solidaridad alimentaria de los campesinos, queda en la memoria de esos hermanos y de todos los bolivianos el hasta hoy impune asesinato de más de 35 personas en Sacaba y Senkata, así como hay un pacto social quebrado entre los más de 700 heridos y 1.000 detenidos, varios de los cuales están hasta hoy recluidos a falta de pruebas en su contra. Por otro lado, el mal Gobierno rechaza cualquier probabilidad de un diálogo nacional, incluso cuando se lo ha pedido su mismo socio de golpe de Estado Carlos Mesa.

Cochabamba, 4 de mayo de 2020

POR UN GOBIERNO CAPAZ; LEGAL Y LEGÍTIMO, ELECCIONES YA