Analistas de toda laya coinciden en que se vive un momento de desinstitucionalización y de alta conflictividad social; más allá de su constatación, está ausente el análisis de su persistencia crónica. Una vez aprobada la Constitución del Estado Plurinacional (CPE-P), el proceso de cambio entró en una etapa de consolidación, se olvidó que ésta no fue sino producto de una transacción en el moribundo Congreso Nacional, se trataba de un avance y un alto que anunciaba nuevas batallas. El triunfo se opaca al dejar intacto el poder real en una sociedad: quien se apropia del excedente económico, concentra el poder. La nacionalización de los hidrocarburos fue un gran triunfo y era el camino para recuperar la totalidad de los recursos naturales, cuya explotación primaria es el nexo con la dominación imperialista y el núcleo de la oligarquía conservadora en el país. Es este poder fáctico que lucha por mantener privilegios y por tanto retrotraernos a los tiempos neoliberales.

La lucha inmemorial de nuestro pueblo fue acuñando un sentimiento del “vivir bien”, de soberanía, de dignidad, sin explotados ni explotadores, solidaridad, equidad en la distribución del producto social, en la reinversión de las ganancias de la explotación de los recursos naturales, en su industrialización. Estos anhelos, expresados en la primera página de la CPE-P, se inviabilizan con la letra pequeña impuesta en la negociación, así podemos señalar algunas cuñas introducidas por la vieja partidocracia.

1) Una Asamblea Legislativa Plurinacional partida en dos: senadores y diputados.

2) El no haber cambiado una coma en el título Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, las dejaron intactas en su rol de protección del Estado colonial. El “mando y ordeno” suprime la democracia y concentra el poder en un individuo, proclive al servilismo a las grandes potencias o al dios del dinero. Paralizó la acción para lograr un pueblo armado para defender la soberanía nacional y/o lograr la seguridad ciudadana como labor de todos y no de una élite con el monopolio de la fuerza.

3) La limitación de la extensión máxima del predio rural en cinco mil hectáreas se anula cuando se limita a predios a ser concedidos con posterioridad de la vigencia de la Constitución, consolidando de esta manera los latifundios creados en la época de las dictaduras militares y la democracia controlada. En estos días la prensa señala que esta tierra productiva está en manos extranjeras en un 70%.

4) El respeto a las concesiones y los derechos preconstituidos en la minería, otorgados antes de la Constitución, buscando su migración a contratos mineros, es un dogal que prolonga las concesiones simplemente con el pago de una patente, sistema viabilizado con sucesivas ampliaciones del plazo de adecuación.

Así se hicieron más de cien modificaciones al texto original de la Asamblea Constituyente, que tenían como propósito prolongar la vida de un sistema político y social decadente; su sobrevivencia naturalmente dependía de futuras batallas en torno a las transformaciones básicas del Estado: justicia, fuerzas del orden, ministerio público, educación, universidades, etc.

El pacto o acuerdo logrado significa una tregua en la lucha por la apropiación del excedente económico, la equivalencia de fuerzas impide la proclamación de un ganador. En el momento de la transición democrática, esta situación se caracterizó como empate catastrófico, la lid esperando el encuentro definitivo; la derecha ganó, apoderándose de la democracia que conquistó el pueblo e impuso su sistema neoliberal y la democracia pactada.

En el nuevo contexto, la situación parecía definirse con tres victorias electorales con más del 50% más uno, sin embargo los temas cruciales fueron dejados de lado y se abocaron a la gestión gubernamental del Estado decadente, postergando la construcción del deseado. La indefinición dio paso a la desestabilización, la conspiración y el golpe; recursos y agentes no le faltaban a la derecha, cipayo del imperialismo, el poder que mantiene le da para todo.

La historia nos enseña que las grandes transformaciones solo se concretan con el empuje desde la consciencia y la movilización de las grandes masas de explotados, así ocurrió en abril del 52, cuando las masas armadas y movilizadas impusieron la nacionalización de las minas y la reforma agraria. Son esas masas que derrotaron a las dictaduras, son las que dieron la puñalada final al neoliberalismo. Son esas masas que deben retomar los ideales que nos obliga la Constitución, son las que debatieron y aprobaron documentos como la Tesis de Pulacayo, la Tesis Socialista, la Ley Agraria Fundamental y la Declaración de 500 años de coloniaje. El pueblo boliviano espera de su voz orientadora y su espíritu de lucha.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

Fuente: La Razón 23 de agosto 2022