La ciudad de La Paz, amaneció bloqueada este lunes 24 y martes 25 de octubre, por sectores de cooperativistas mineros auríferos, sus reivindicaciones están plasmada en un petitorio de siete puntos, todos circunscritos a sus propios intereses. Para conocer una mirada experta del aporte y trayectoria política del sindicato de mineros en el país, del cual ha formado parte desde la base hasta llegar a ser ministro de minería en el gobierno de Evo Morales, hemos entrevistado a José Pimentel quien, con su vasta experiencia y visión política, nos entregó más claridad de la situación que tuvo a las y los paceños viviendo momentos de tensión en esta última semana del mes.

Las cooperativas mineras auríferas se movilizaron, estos dos últimos días, en la ciudad de La Paz paralizando las actividades normales. Un punto de sus demandas es el tema impositivo ¿Qué implicancias tiene?

Las cooperativas han sido un colchón para sostener al modelo neoliberal, bajo el argumento de que hagan lo que quieran, “el dejar hacer, el dejar pasar”, se entregaron yacimientos de la Comibol y del Estado a las denominadas cooperativas.

Entre este dejar hacer, se obviaron requisitos de carácter legal y técnico para la adjudicación de empresas y yacimientos, es en este sentido que las cooperativas nunca han tenido un registro único de contribuyentes y, por lo tanto, no emiten facturas y esto naturalmente que los pone en la ilegalidad.

Esta situación ha pretendido ser solucionada con el aporte, según ellos, de un gravamen a la transacción del oro. En principio ellos planteaban que debería ser el uno punto cinco por ciento y el Gobierno contrapropuso. Pero, el Gobierno cometió el error porque la tributación de las empresas es una normativa general en la que no están excluidos ninguno, la tributación respecto a la rentabilidad de las empresas está establecida en un 25% de las utilidades, pero como las cooperativas -en general- no llevan contabilidad es difícil determinar su utilidad. Entonces pretenden pagar un impuesto que salve esta ilegalidad. 

Por otra parte, dentro de las negociaciones, dentro del planteamiento, esta tributación no la pagaría directamente la cooperativa sino la tendría que pagar la comercializadora que vaya a exportar el oro. Esta situación nos lleva a la incapacidad de determinar si la explotación o lo que se esté exportando es lo realmente producido 

¿Por qué nos le han otorgado personería jurídica a su federación de minero auríferos, que es otro punto de sus peticiones y justificación de su protesta ?

Las cooperativas están regidas por la ley de cooperativas, esta normativa establece que cada sector productivo o de servicios debe tener una sola federación nacional y las federaciones se agrupan en la Confederación de Cooperativas Nacionales de Bolivia, por lo cual el crear dos entes en el sector cooperativo minero, viola la ley de cooperativas y naturalmente enfrenta al gobierno con el resto de las cooperativas mineras, entonces este es un problema que tienen los propios cooperativistas para tener una posición única y resolver los problemas internos, más que dejar un problema al gobierno. Esta es la situación por la cual no se puede dar paso a la creación de una federación. 

Las siete exigencias del sector minero aurífero, son claramente sectoriales, no hay ninguna que haga referencia a una mirada nacional, inclusive una de ellas está referida a pasar por alto los tratamientos medioambientales en áreas mineras, continuar con los trámites en la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) “sin exigencia del Certificado de Compatibilidad de Uso” (CCU). ¿Qué tan contundentes son sus argumentos ?

Es un tema preocupante el problema de la explotación en áreas protegidas, son áreas nacionales, son parques muy delicados por su manejo y hasta el presente en estos parques está prohibida la explotación aurífera. Esto violaría muchas normas de protección de áreas protegidas, pero también del medio ambiente. Entonces este es un problema que está muy discutido en la sociedad boliviana y es muy difícil que el gobierno pueda ceder a esta situación, dado el contexto de defensa de la madre tierra de la Constitución Política del Estado. 

¿Cree usted que las demandas de este sector interpelan a la clase trabajadora de Bolivia, o que esta llegue a solidarizar con los mineros auríferos? ¿Se perdió el rol de vanguardia revolucionaria que antes de los 80 tuvieron los mineros en Bolivia?

Es muy difícil comparar el sector minero de hoy, con el sector que fue vanguardia en la lucha revolucionaria del pueblo boliviano. El neoliberalismo se planteó un objetivo político muy claro: destruir al movimiento sindical minero y esto lo logró como proceso de relocalización de más de 30 mil trabajadores mineros y 70 mil trabajadores fabriles y, por lo tanto, impuso por dieciocho años una política neoliberal donde el sindicalismo tenía que dedicarse única y exclusivamente a la lucha reivindicativa social-salarial y no inmiscuirse en la lucha política. Esto ha privado al pueblo boliviano de tener una vanguardia política e ideológica, que hoy, en el proceso de cambio, contribuya a la consolidación de un proyecto nacional, y a que la fuerza del neoliberalismo se deja sentir ahora, cuando son los intereses sectoriales de grupos, de regiones los que prevalecen ante una visión nacional de construcción del Estado.

Por eso creo que hoy, muy pocos podrían decir que el sector minero es la vanguardia, mucho menos los cooperativistas, entonces creo que se trata de crear una nueva conciencia social en el sector minero para que antepongan los intereses generales del país a los intereses particulares, conscientes de que, si vivimos en una sociedad justa, la justicia también será extensiva al sector minero. 

¿Su accionar en muchas oportunidades violento, estos dos días en la ciudad de La Paz, fue paralelo al paro convocado por sectores cruceños, es una casualidad o cree usted que podría responder a un plan mayor de desestabilización del gobierno?

La sucesión de conflictos sociales que se ve actualmente en el país, no puede sino interpretarse como una concurrencia de varios actores, sociales y políticos a un proceso de desestabilización del gobierno del compañero, Luis Arce. Creo que esta debería ser la conclusión de todo ciudadano preocupado por los destinos del país. Es ante esta situación que debemos unir fuerzas y orientar a los sectores que están siendo engañados con las movilizaciones para que se pongan a construir una nación, un estado plurinacional y la multitud de nacionalidades que dice la Constitución Política del Estado. Creo que la demora en constituir los órganos deliberativos departamentales y los consejos municipales, la permanencia de una burocracia estatal que hace decidir a los gobernadores, a los alcaldes los destinos del país, es algo que está perjudicando la consolidación de esta democracia participativa y directa que plantea la Constitución Política del Estado.

Fuente: Correo del Alba