Lo dijimos hace un par de semanas que detrás de la consigna Censo 2023 se escondían otros motivos y la excusa que emplearon Camacho y Calvo para sus propósitos políticos fue la reprogramación de la fecha del Censo de Población y Vivienda que, de acuerdo a una mesa técnica de conformación profesional y pluralista, depuso que el registro es sólo realizable materialmente el 2024.

La dirigencia cívica y su comité que agitó durante casi un mes un paro insulso fue derrotada la noche del 13 de noviembre de la manera que menos esperaban sus propios allegados. Con la lectura de las preguntas en el cabildo demostraron al país y a los propios cruceños, que aceptan que el Censo se realice en marzo de 2024 y, por si fuera poco, irónicamente consideran que se trata de un triunfo suyo y ahora buscan otros pretextos para continuar con su paro.

Cuando ya se cumplirá el mes del paro realizado por la extrema derecha y la facción oligárquica cruceña más autoritaria, racista y conservadora del departamento de Santa Cruz, se destaparon intencionalidades que no eran explícitamente la referida a la demanda por el Censo, sino revivir y poner a flote la estrategia fascista desde la utilización de la fuerza y reeditar lo vivido hace tres años.

El Gobierno, desde antes del inicio del paro el 22 de octubre pasado, ya había efectuado amplias reuniones donde, tanto la institucionalidad democrática de todo el país, como los movimientos sociales, participaron en el debate de la reprogramación del proceso censal.

Durante el proceso, el Gobierno construyó otros tantos espacios de dialogo con las instancias operativas de la comunidad nacional con el fin de acoger propuestas y despejar dudas.

La estrategia de eludir esos espacios estaba muy clara porque a los diversos escenarios a los que fueron invitados todos, se restó el gobernador Camacho, y los representantes de los comités cívicos que asistieron fueron a repetir majaderamente que el censo tenía que hacerse el 2023. Siempre en minoría, terminaban por abandonar esas reuniones.

En concreto, el paro sólo provocó dolorosos daños humanos, laborales, educacionales, sanitarios y económicos para las clases populares del departamento de Santa Cruz. Sin otro argumento que el violentismo organizado en bandas neofascistas, el paro sin masas escaló en actos de franco terrorismo.
Los nuevos planteamientos formulados por la dirigencia cívica cruceña en su último cabildo, solo maquillan un pretexto para disimular sus supuestas “luchas y demandas”, pues ahora quien debe preocuparse por resolver las demandas ya no es el Órgano Ejecutivo, porque éstas escapan de sus competencias establecidas por la ley.

De ahí que ya se trabajan proyectos para la aprobación de una ley por parte de la Asamblea Legislativa que ratifique el decreto supremo mediante el cual el Gobierno estableció para marzo de 2024 la realización del Censo y que también señala la entrega de resultados preliminares y la redistribución de recursos por concepto de coparticipación.

Llamó profundamente la atención, la liberación de los detenidos a raíz de los hechos violentos en la capital cruceña, los cuales se conoció que la justicia determinó liberar a 15 de los 20 que habían sido acusados. Está claro que la gran parte de jóvenes no eran “angelitos” como los medios corporativos de Santa Cruz así los hacían ver, ya que más de dos de ellos se declararon culpables.

De igual manera las hordas fascistas de la Unión Juvenil Cruceñista que establecieron un campo de batalla cometiendo abusos, robos y otros desmanes violentos en el Plan 3000 durante 3 días.

Importante fue el accionar del movimiento popular que, rompiendo el miedo y el terror impuesto por el violentismo ultraderechista, salió a las calles a hacerle frente a los grupos de choque de Camacho y compañía, sin más órdenes que el valor que proviene del hartazgo ante los atropellos y la injusticia supremacista.

Lo que queda claro en este desenlace es que la dirigencia cruceña engañó sometiendo a su gente a un encierro insulso e ilusionó con algo que no se iba a dar por sus caprichos e ir a la confrontación y la violencia más que buscar espacios democráticos como el gobierno se los propuso más de tres veces.

Por el otro lado, y con poco tino político para promover alternativas que busquen solución al conflicto, algunos sectores del MAS siguen envueltos en sus pugnas internas y dejan de lado el debate sobre el proyecto de ley del Censo en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Recientemente el vicepresidente del MAS, Gerardo García, cuestionó al presidente Luis Arce por supuestamente prohibir el uso de banderas azules en actos públicos. Incluso, pidió sincerarse sobre su presunta intención de postularse a la reelección en los comicios generales de 2025 con la sigla del PS-1.

Otro diputado de la misma tendencia dentro del MAS, Héctor Arce, posteó que “se puede engañar a parte del pueblo y por cierto tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo por todo el tiempo”. Acotó que, “es lamentable que nuestras máximas autoridades se hayan convertido en nuestros principales enemigos, empezando por nuestros hermanos Luis Arce, David Choquehuanca y terminando con algunos legisladores”.

A estas alturas ya algunos analistas de opinión sobre el futuro del MAS, han planteado el “repliegue” electoral de las cabezas de esta organización política como Evo Morales, Luis Arce y David Choquehuanca de cara a las elecciones de 2025.

Y han planteado que la prioridad e importancia está en dar apoyo al llamado “proceso de cambio” y su proyecto político, que se centre únicamente en sus “actores”, porque “al salir ellos de la escena partidista o política”, se abrirá un espacio para un profundo análisis político de esa organización política y efectuar el balance de las gestiones de gobierno, la autocrítica y el programa político en otra fase, dando paso a otras perspectivas.

Remarcamos como dijimos en una nota anterior que la lealtad de un militante de izquierda, progresista y revolucionario, ahora de una organización política no es hacia un caudillo, deberá ser siempre con el pueblo y con un proyecto político de transformación y trabajar luchar por la justicia social en favor de los más desposeídos.

*Luis Camilo Romero, es comunicador boliviano para América Latina y el Caribe