Así como se inventan días de homenaje y conmemoración, días de festejo y reflexión, propongo que esta semana de noviembre sea conocida como la semana de la impunidad.

El 14 de noviembre de 2019 las autoridades de facto firmaron un decreto garantizando la impunidad a quienes “pacifiquen” matando. Trece firmas están estampadas en ese aciago documento y solo tres de los firmantes están ahora presos. Los otros 10 gozan de impunidad.

Munidos de ese decreto, el 15 de noviembre centenares de policías y militares cercaron a una multitud que pretendía realizar una protesta contra el golpe de Estado. Dispararon a quemarropa, matando a 10 compatriotas, hiriendo a decenas. Munidos de ese decreto, el 19 de noviembre otro contingente a bordo de tanques y camiones atacó a los pobladores de Senkata, matando a 10 compatriotas, hiriendo a decenas. Apenas un puñado de oficiales de alto y mediano rango está preso. Quienes físicamente dispararon y quienes planificaron, ordenaron y justificaron las masacres siguen impunes, a tres años de las masacres.

Están impunes también quienes conspiraron para deponer a un gobierno electo. Están impunes quienes mintieron, manipularon y exacerbaron las posiciones. Están impunes quienes dirigieron la violencia y quienes la ejecutaron. Es más: los que complotaron y sobornaron no solo están libres, sino que son ahora autoridades y en la impunidad de sus cargos siguen generando todo tipo de violencias.

Esta semana salieron libres e impunes una docena de jóvenes que habían sido detenidos por su participación en hechos de violencia, quemas y saqueos durante el paro de Santa Cruz. No estoy en condiciones de afirmar que sean inocentes o culpables. Lo evidente es lo que pudimos ver porque se transmitió en vivo por redes sociales: Un grupo grande de jóvenes encapuchados, algunos con poleras y escudos con la insignia del comité cívico, quemaron las instalaciones de la Federación de Campesinos y saquearon la Central Obrera Departamental. Si los responsables de esos delitos fueron esos muchachos detenidos, ahora están libres y en impunidad. Si no fueron ellos, los responsables verdaderos están impunes.

Desde hace casi un mes, decenas de personas extorsionan impunemente a los ciudadanos cruceños. Impiden el paso, cobran peaje, rompen parabrisas, pinchan llantas, insultan, agreden, piden identificaciones y ayer hasta obligaron a una familia doliente a abrir el ataúd de su padre, para comprobar que realmente era un sepelio el que trataba de pasar el punto de bloqueo.

Pero los peajes ya no son suficientes para estas personas, que de ser grupos de choque de una movilización cívica han devenido en pandillas delincuenciales. Amparados por la impunidad que prescriben los dirigentes cívicos de Santa Cruz, buscan un botín mayor en las zonas comerciales y populares como el Plan Tres Mil. Con la excusa de que son masistas y no respetan el paro, van en la madrugada a romper vitrinas y saquear negocios, llevándose lo que encuentran a su paso.

Con el pretexto de mantener el paro y financiar las ollas comunes, el comité cívico de Santa Cruz está generando un muy peligroso modus operandi, que nadie puede saber si desaparecerá cuando el paro sea finalmente levantado. Una vez que desatas fuerzas fascistas, es muy difícil contenerlas de nuevo. Y si, además, los atropellos, saqueos y extorsiones quedan en la impunidad, será muy difícil que Santa Cruz vuelva a ser la ciudad alegre y desenfadada que era antes de que libere a los demonios del odio y la violencia.

Verónica Córdova es cineasta.