Santa Cruz noviembre 2022

Ciudadanos y ciudadanas que vivimos en Santa Cruz, con independencia de sus creencias políticas, religiosas y de otra índole, ante la sistemática violación de derechos humanos y constitucionales por un grupo de poder que se arroga la representación del pueblo cruceño; emitimos este pronunciamiento exigiendo el inmediato levantamiento del paro cívico y el cese de la violencia fratricida que ejercen grupos armados paramilitares contra la población cruceña.

La instalación en Bolivia de un régimen popular que recuperó la soberanía para su pueblo, junto con el control de los recursos naturales, ha dado paso al acoso de las fuerzas de la ultraderecha boliviana, junto con los gobiernos de EEUU. A pesar de los permanentes y grandes esfuerzos de los sectores conservadores para desestabilizar el gobierno constitucional, los sectores populares y de clase media han sabido defender su proyecto emancipador y les han cerrado el paso a las fuerzas reaccionarias con mucha lucha, sacrificios y sangre heroica.

Sin embargo el asedio continúa, con el agravante de que las fuerzas de la derecha democrática y racional han capitulado ante su ala más conservadora, de carácter fascista. Sólo el bloque popular es quien resiste las embestidas racistas, violentas y de odio; de ahí que uno de los frentes que hoy se imponen en el escenario político es el de la lucha contra el fascismo por la democracia.

A lo largo del mes de noviembre asistimos a uno más de esos intentos desestabilizadores. Se trata del paro/bloqueo que llevan a cabo Creemos, el Comité Cívico y el Comité Interinstitucional, encabezados por L.F.Camacho, R.Calvo y V.Cuellar. En treinta días de esa medida, la población cruceña ha tenido que sufrir todo tipo de vejámenes y atropellos a sus derechos, debido a la aplicación de fuerza y violencia que impiden a ciudadanos y ciudadanas desarrollar sus labores con libertad y autonomía. Actividades que para la mayoría son de subsistencia y elemental gestión de alimentos y otras necesidades básicas como salud y educación. El derecho a la libre circulación, consagrado en el Art. 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Art.21 de la Constitución Política del Estado, es quebrantado sistemáticamente, lo cual ocasiona de manera automática el atropello de varios otros derechos básicos.

Denunciamos ante la opinión pública internacional, así como ante organismos internacionales, la existencia y funcionamiento de estas fuerzas de corte fascista y su abierto accionar antidemocrático, violento, racista y discriminador, potenciado con un fuerte discurso de odio, atropellando elementales principios de ética y respeto. Invocamos a la comunidad internacional a pronunciarse ante esta realidad que pretende llevarnos al oscurantismo y retroceso bajo la égida del fascismo.

Esta actual arremetida, signada por aventurerismo e irresponsabilidad, ha desencadenado un estado absoluto de indefensión y que en ciertos habitantes de Santa Cruz haya aflorado lo peor de la esencia humana, derivando en acciones cruelmente irracionales hacia la población, manifestaciones de agresiones violentas, incautación de pertenencias, requisas, cobros de peajes, imposibilidad de llegar a centros de salud, o incluso de enterrar a fallecidos. Se trata de casos que grafican este dantesco espectáculo que cada día se degenera más y más en la sociedad cruceña. A lo mencionado se agrega el inmenso e irreparable daño a la economía departamental y nacional, en un contexto mundial signado por la inestabilidad.

Las autoridades del gobierno departamental y local han decidido no cumplir sus funciones y obligaciones que emanan de sus responsabilidades, en el caso particular del gobernador se ha erigido en líder de estos grupos irregulares, con los cuales se reúne y pacta los pasos a seguir para sostener el cerco a las ciudadanas y ciudadanos.

Ante estos hechos, reiteramos la exigencia del levantamiento inmediato del paro cívico y el cese de acciones de violencia; reafirmamos nuestro compromiso con la democracia y la defensa de la institucionalidad democrática frente a grupos de poder que, mediante la violencia y el chantaje, buscan imponer decisiones a los demás poderes del Estado; rechazamos todo intento de golpe de Estado y en contra del gobierno elegido por voluntad popular; demandamos la aplicación de la justicia en todos aquellos casos de flagrante violación de derechos humanos garantizados por la Constitución Política del Estado; exigimos la investigación de los fines, métodos, financiamiento y organización de grupos paramilitares que siembran el terror en las calles para su juicio respetando el debido proceso y; la normalización de todas las actividades económicas, productivas y de servicios en la ciudad.

Exigimos al gobierno nacional, departamental y local actuar de forma responsable ante las cientos de miles de familias que viven en la incertidumbre, el miedo, el hambre y la desesperación viendo como grupos irregulares controlan la ciudad, deciden que en esa ciudad no se estudia, las victimas de violencias machistas son revictimizadas y abandonadas a su suerte, los pobres no comen ni cuidan sus salud, si expresan sus ideas son apaleados por paramilitares, mientras grupos empresariales mantienen todo tipo de privilegios.