Una hilera de ataúdes blancos desciende por el sendero. Acompañan el duelo hombres y mujeres de poncho y aguayo, sombreros empolvados y miradas rojas de bronca y llanto. Son todos indios, dicen en Lima. Son irracionales y terroristas. Están lejos. No importan.

Dicen que cuando le llegó la información de los 18 muertos de Juliaca, la señora Dina Boluarte se llevó las manos a la cabeza y exclamó: “¡No entiendo por qué protestan!”. Y no es la única. El Congreso completo de Perú parece no entender qué pasa más allá de la Lima de Pizarro.

En noviembre de 2020, cuando el Congreso peruano destituyó a un Presidente que no era de su agrado, se desataron protestas en Lima y murieron dos muchachos. Esas dos muertes fueron suficientes para que renunciara el Presidente que el Congreso eligió, para que renunciaran sus ministros y hasta la mesa directiva del Congreso. Ese gobierno elegido por el Congreso (y no por el pueblo) se autodestruyó a los cinco días de ser posesionado.

En diciembre de 2022, cuando el Congreso peruano destituyó a otro Presidente que no era de su agrado, se desataron protestas en todo Perú. Como resultado de la represión estatal murieron seis jóvenes en Andahuaylas. Murieron 10 jóvenes en Ayacucho. Murieron seis más en otras provincias (pero no en Lima). Ninguna de esas muertes fue suficiente para que renunciara la Presidenta que el Congreso eligió. Por el contrario, el ministro de Defensa que estuvo a la cabeza de la represión fue premiado con el cargo de Primer Ministro, en una velada autorización para que la represión continuara. Y continúa.

Al día de hoy, la señora Dina Boluarte tiene más muertos en su haber que días en el gobierno. Pero tanto ella como el Congreso que la sostiene y apoya no entienden por qué los peruanos protestan.

Quien cree tener una respuesta es el premier Otárola. Dice que detrás de los indios revoltosos del sur (y el este y el oeste) hay intereses foráneos que azuzan el levantamiento. Los medios hegemónicos de Lima concuerdan y amplían: la culpa de las protestas en Perú la tiene Evo Morales en Bolivia. Él es el titiritero que solivianta a los indios peruanos. Hay que prohibirle que cruce la frontera. Hay que quitarle sus títulos y medallas. Hay que meterlo preso. Hay que descuartizarlo, atando cada una de sus extremidades a un caballo. Su cabeza podría ser colocada en una lanza para ser exhibida en Cuzco. Sus otros pedazos repartidos en Andahuaylas, Ayacucho y por supuesto en Juliaca, para escarmiento de los indios que creen que pueden crear una nueva Constitución donde se los tome en cuenta.

Quizá en esto, solo en esto, tengan razón los señoritos limeños. La rebeldía y la dignidad de los aymaras de Puno y Juliaca, de los quechuas de Cuzco, Ayacucho y Andahuaylas podría verse como culpa del Evo. Quizás no de él como persona, sino sobre todo de lo que él representa: la posibilidad de tomar las riendas de la vida propia. La posibilidad de reconstruir un país, de re-escribir una Constitución, de reclamar y tomar el lugar que uno merece entre los compatriotas.

Para los señores que ocupan las poltronas del Palacio Legislativo en Lima, es incomprensible que un pueblo demande participación y respeto. Es incomprensible que sean capaces de organización y resistencia, es incomprensible que los indios decidan autónomamente decir: Ya basta.

Y justamente esa ceguera, esa insensibilidad, ese desprecio frente al dolor y la rabia extiende la protesta y radicaliza aún más las demandas. ¿Cómo se resuelve esta crisis tan profunda como los ríos de la sierra andina? ¿Cómo se reconstituye el tejido social después de 45 ataúdes blancos desfilando por la quebrada? Nadie dice saber. Nadie tiene una salida. La única respuesta que circula por el Virreinato de Lima es: Evo tiene la culpa.

Verónica Córdova es cineasta.