En 1620 el puritano inglés John Winthrop llegó a las costas del actual Massachusetts para fundar una colonia. En una célebre exhortación a sus seguidores, indicaba que estaban destinados a erigir “una ciudad en lo alto de la colina” que se constituiría en referente absoluto para las naciones del mundo. Cincuenta años más tarde, en 1676, los colonizadores conmemoraron por segunda vez el Día de Acción de Gracias, como celebración por el casi total exterminio de las tribus Pequot y Wampaonag. Esta última había salvado de morir de hambre a los primeros colonos ingleses, instruyéndolos en la siembra del maíz y la pesca.

Con el paso de los años, la expresión de la ciudad que iluminaría al mundo se traspoló y amplió a los EEUU como nación, que desde muy temprano en su historia se consideraría a sí misma como un ente excepcional y modélico para la humanidad. El excepcionalismo instalado en el imaginario y las prácticas de los primeros colonizadores no desapareció, sino que fue consolidándose y extendiéndose con ideas como la del “destino manifiesto”, predominante en gran parte del siglo XIX. Dicha doctrina proclamaba que el destino que Dios había asignado a los EEUU era ocupar toda América del Norte, lo que sirvió como justificación para las campañas genocidas contra los pueblos originarios y la ocupación de un inmenso territorio que pertenecía a México. Otra derivación, relacionada en forma directa con Latinoamérica, fue la Doctrina Monroe (1823). En 1846, William Gilpin, gobernador de la región de Colorado, informaba al Senado norteamericano: “…El destino del pueblo americano es someter al continente. Unir al mundo en una familia social. ¡Tarea divina! ¡Misión inmortal! América encabeza las naciones mientras ascienden a este orden de civilización, la conquista industrial del mundo…”.

Esas y otras expresiones similares se reiteraron a lo largo del siglo XX y hasta nuestros días. En la introducción al reciente documento sobre estrategia de seguridad nacional, en octubre de 2022, el presidente Joseph Biden indica: “…En el mundo, la necesidad del liderazgo norteamericano es grande como siempre ha sido…”. Y como respuesta a diversos retos afirma allí que “…Los EEUU liderarán con sus valores…No hay una nación mejor posicionada que los EEUU para liderar con fuerza y determinación…”.

Hace pocas semanas, la jefa del Comando Sur de las fuerzas armadas norteamericanas exhibía ante el Atlantic Council una brutal franqueza con relación al interés de los EEUU por los recursos naturales de Nuestramérica (petróleo, litio, agua, cobre, oro, biodiversidad) y las pretensiones de aquel país sobre los mismos, respaldándose una vez más en su supuesta superioridad excepcional.

Instrumentos para el sometimiento

Cada una de las múltiples declaraciones de los EEUU acerca de su derecho divino a liderar la humanidad estuvo acompañada invariablemente por guerras, invasiones, apoyo a golpes de estado o intervenciones violentas de todo tipo. Pero además, Washington se encargó de pergeñar diversas figuras jurídicas para avalar sus políticas injerencistas. En 1985 Ronald Reagan comenzó a calificar a ciertos países como “estados fuera de la ley” (outlaw states) lo que los ubicaba en la mira de ataques, asaltos o sanciones. En 1994 la administración de William Clinton comenzó a caracterizar a determinados países como “estados villanos” (rogue states) bajo el argumento de que optaban por estar fuera de “la familia de naciones democráticas”, atentando contra sus “valores básicos”. La clasificación operaba como un primer peldaño preparatorio hacia penalizaciones y agresiones. En aquella lista fue incluida Cuba.

Por su parte, en 1979 el Departamento de Estado de los EEUU inauguró el listado de “países patrocinadores del terrorismo internacional”, que implica severísimas sanciones contra los que estén incluidos allí. Los primeros afectados fueron Libia, Irak, Yemen del Sur y Siria. En 1982 se incluyó a Cuba y se quitó a Irak. En 1984 se incluyó a Irán. La R.P.D. de Corea fue añadida en 1988, quitada en 2008 y vuelta a añadir en 2017. Estos cambios se encuentran estrechamente articulados con los intereses geopolíticos de los EEUU, autoerigido además como fiscal absoluto de las naciones.

En 2015 Barack Obama quitó a Cuba de la infame lista y comenzó un proceso de reanudación de relaciones diplomáticas, pero el gobierno de Donald Trump volvió a incluirla en 2021, a finales de su mandato. Recientemente, el 12 de enero de 2023 fue introducida en la Cámara de Representantes del Congreso de los EEUU una legislación que trata de evitar que Cuba sea quitada de la lista. La propuesta fue motorizada y respaldada por el denominado Freedom Caucus, agrupación de miembros conservadores del Partido Republicano estrechamente ligado a grupos contrarrevolucionarios de Miami. Toda esta operación a modo de contraofensiva ante el incipiente avance del gobierno de Joseph Biden, que procura revisar algunas medidas impuestas por el bloqueo de seis décadas y su maraña de leyes y normas para ahogar al pueblo cubano. Su anuncio de cambios se relaciona con la expansión de vuelos comerciales autorizados entre los dos países, facilidades para envío de remesas, procesos de reunificación familiar y políticas migratorias.

Incluso esas moderadas gestiones han desatado la furia de grupos que se han empeñado en destruir la Revolución Cubana. De ahí que intentan asegurar la permanencia de Cuba en la lista de países promotores del terrorismo, ya que eso implica sumar trabas, dificultades y prohibiciones a las que ya impone el bloqueo, pero además garantiza temor, parálisis y alejamiento de empresas, corporaciones o individuos que no quisieran verse relacionados con nada que evoque terrorismo. Entre otros efectos, la continuidad de Cuba en la despreciable nómina conduce al evidente amedrentamiento de industrias o particulares que pretendan invertir en Cuba, y que no se arriesgarán a ser señalados como socios de terroristas. Otras secuelas específicas de la inclusión en el tenebroso listado son la limitación de instrumentos para pagos internacionales, el no acceso a fondos de organismos financieros o aseguradoras internacionales, la imposibilidad de contratar servidores y servicios en línea, la creación de obstáculos para recibir ayuda humanitaria, obstrucciones y nuevas exigencias relacionadas con visas norteamericanas para ciudadanos de terceros países que viajen como turistas a Cuba, etc.

Los pueblos y organizaciones que luchamos por la definitiva emancipación y soberanía de nuestras naciones tenemos el deber de denunciar estos nuevos ataques contra Cuba, y exigir a la vez que sea retirada de la funesta lista de países promotores del terrorismo.

Alejandro Dausá