Era de esperar que tras 90 días que les dio la ley, los denominados “juristas independientes” lograran apenas reunir 833.115 firmas, insuficientes para activar un proceso de reforma parcial de la Constitución. La campaña debía colectar 1,5 millones de firmas, o sea 20% del padrón electoral; el 23 de abril cerró el plazo. No faltaron justificativos para lo que ellos llaman una de sus batallas perdidas y culparon del fracaso, en parte, a los cuatro órganos del Estado.

Pero ¿cómo estamos analizando ese nuevo fracaso de la derecha? Un intento político frustrado de contrarrestar y afectar al gobierno de Luis Arce; un ensayo de movilización política que reduzca la capacidad de acción de los sectores conservadores del país, como el paro de 36 días que en 2022 ahogó a Santa Cruz.

Otra lectura a ese fracaso rotundo de los juristas es que, aquel rótulo de “independientes”, para mucha gente que conocía de su pasado, mostró desconfianza a algunos de ellos que ya transitaron la vida política, como es el caso de Juan del Granado en el MSM y de José Antonio Rivera de quien se habla que estuvo al lado del actual alcalde cochabambino Manfred Reyes Villa.

De ahí que su carácter de ‘independientes’ pierde legitimidad, por su pasado nefasto y su vinculación con alguna agrupación política, que se muestra dizque descontaminada ahora del poder político, sin embargo, estuvieron vinculados no solo a partidos de “izquierda” sino hasta la más rancia expresión de partidos de derecha que en tiempos neoliberales asaltaron al poder a manos llenas, incluso su oposición a la hegemonía política actual, más allá de su derecho de interpelar la situación de la justicia del país. Basta ver la lista de sus miembros.

La adhesión de políticos como Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Jeanine Áñez o Rómulo Calvo le resta independencia al objetivo razonable de la acción. En su comunicado resaltaba también la adhesión de la Conferencia Episcopal, de la Fundación Jubileo, algunas organizaciones no gubernamentales y la Asociación Nacional de Periodistas, entre otras que en 2019 jugaron gravitante en la caída del gobierno de Evo Morales y la proclamación de la senadora Jeanine Áñez.

Para justificar el fracaso, sus promotores dijeron que “la transformación de la justicia no tiene plazo calendario en la medida en que debe realizarse indefectiblemente hoy o mañana”. Ni fallaron sus impulsores ni quienes le han puesto la firma a ese propósito.

Ahora todo lo que se venga a decir cae en saco roto con eso que el Órgano Electoral, “realizó una labor burocrática dilatoria”, que exigía transcripción en un soporte informático, etc.

Mientras eso se dio, el país ya está inmerso en el proceso previo de cara a las elecciones judiciales, inicialmente previstas para el 5 de noviembre. Inscrita en la Constitución, la forma de elección por voto popular ha sido cuestionada de forma recurrente, especialmente por la ilegitimidad de los magistrados y consejeros electos con escasa votación en los dos anteriores comicios para la materia.

A ese problema, amerita sumarle las graves deficiencias en la administración de justicia del país, que no ha variado con el mecanismo de elección, como se preveía. Y también los procesos fallidos de reforma judicial vía Asamblea Legislativa.

El estado de situación de la justicia en el país ocupó incluso la atención de organismos internacionales en los últimos años, como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); el relator especial de la ONU para la Independencia de Magistrados y Jueces, Diego García-Sayán, y, recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que a su turno hicieron un diagnóstico y recomendaciones al respecto, incluso un gran acuerdo nacional.

La misma realidad de la justicia, a la luz de los ciudadanos, obliga la necesidad de una reforma judicial. Ya es recurrente hablar de los procesos burocráticos para la denuncia, la falta de resguardo de los derechos, la investigación o la sentencia justa, la carga judicial, el abuso de la detención preventiva, las trabas en la lucha contra la violencia a las mujeres, el hacinamiento en las cárceles o la injerencia política.

Ojalá sea para avanzar en una ruta pactada de reforma judicial y no para usar el tema como bandera para fines políticos como lo estamos evidenciando.

Al margen de lo que se viene diciendo, es tiempo de confiar en la justicia y en el anhelo de recuperar las instituciones para los ciudadanos tanto a nivel de autoridades como de las organizaciones sociales y otros gremios, porque es una necesidad, una esperanza para mejorar el sistema judicial boliviano.

*Luis Camilo Romero, es comunicador para América Latina el Caribe