Las  disputas por el poder colonial estuvieron plagadas de muerte, de luchas a muerte, el paradigma de este hecho colonial es sin duda la disputa entre Diego de Almagro y Francisco Pizarro, odio, venganza que llegó a los hijos. Por supuesto que esta disputa del poder no es nueva se pierde en los tiempos históricos, incluso la biblia narra un episodio lleno de odio y venganza: “ Luego el Señor le preguntó a Caín: —¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? —No lo sé—contestó Caín—. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?” ni que decir de la Roma imperial, o de las conspiraciones y crímenes de las cortes europeas de todos los siglos.

Nuestro país, heredero de ese ADN colonial de odio y venganza por el poder, y en nuestra historia encontramos esa matriz violenta en su constitución como un “Estado aparente” Sucre baleado en la puerta de un cuartel, las famosas “matanzas de Plácido Yañez”, los muertos por venganza fueron Francisco Belzú, Jorge Córdova entre muchos otros, los crímenes de Melgarejo,  y cómo no recordar el asesinato de Andrés Selich. Odio y muerte por el poder.

Actualmente los “doctorcitos de Charcas” están ejerciendo esa vieja práctica, la venganza, el odio todo por el poder, poder que en este caso significa grandes ganancias personales a la sombra del poder político.

Los niveles de pobreza ética entre los “doctorcitos de Charcas” que hoy son jueces irracionales, dominados por la ira y su escaza perspectiva histórica, está dañando de manera irreparable a un Órgano del Estado Plurinacional y al mismo Estado. 

El derrumbe ético y moral del sistema de justicia en Bolivia, precisa una respuesta no del sistema político que los cobija y arrulla para recibir sus favores, sino de la población, esa que día a día sufre el eufemismo de “retardación de justicia” que no es otra cosa sino el cálculo del precio de la justicia y su tiempo para el mejor postor.

Cuando las pasiones de odio y venganza, dominan el actuar de jueces la justicia, como valor se pierde y en su lugar se impone el capricho personal, poniendo en cuestión la cualidad humana que se expresa en la maraña del lenguaje leguleyesco que esconde la mediocridad intelectual y la poca responsabilidad civil de un servidor público.

Nuestros marcos jurídicos son tan coloniales que precisan de “interpretadores” retornando a los tiempos de las élites, separadas del pueblo llano, cuando la ley debe ser clara y precisa comprensible para todos y todas. Seguimos pues dominados por los “doctorcitos de Charcas” coloniales, republicanos y neoliberales.