Manuel Gonzáles Prada fue un peruano que acuñó la frase que sirve de título a esta nota. La usó para denunciar los terribles niveles de corrupción de la sociedad de su época; ahora la rescatamos para graficar la dramática situación por la que vive Bolivia, a manos de una banda delincuencial que se hizo del poder mediante un golpe de Estado.

Al ya denunciado escándalo por la compra de inservibles respiradores de España, realizada nada más ni nada menos que por el yerno de la presidenta autonombrada, y que salpica no sólo a los ministros y funcionarios encargados de las adquisiciones estatales, sino que enloda también a Jeaninne Añez, se suman nuevos y más hechos de corrupción. Bolivia es, hoy en día, un país saqueado por miserables asaltantes de cuello blanco, que se han distribuido el botín de guerra para robar lo más que se pueda, en el menor tiempo posible, habida cuenta de la corta de vida que tiene y que le resta a esta dictadura. Lo último filtrado por la prensa al respecto es la denuncia de la esposa del defenestrado ministro de Salud –sin duda, involucrado hasta el cuello en el negocio de marras– que afirma, con toda razón y sin que ello sea un atenuante para el delito cometido por su cónyuge ministro, que la señora Jeaninne Añez estaba completamente al tanto de todas las compras que se hacen en la materia. Más claro, agua.

Decretos aprobados entre gallos y medianoche, sirven de cobertura legal para la comisión de estos crímenes contra la economía popular. En tiempos de una pandemia que afecta al conjunto de la sociedad, estos delitos deberían ser considerados como crímenes de lesa humanidad, porque no sólo afectan al bolsillo del ciudadano, sino que cobran vidas inocentes en hospitales que no tienen las mínimas condiciones de atención.

Un último caso que salta a vista de todos, es el del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Esta entidad ha sido un botín de guerra altamente disputado que, en principio, le fue entregado a Luis Fernando Camacho, por sus inestimables contribuciones al derrocamiento del gobierno democrático de Evo Morales. Tan pronto pudo, sentó en la silla ejecutiva de esa entidad estatal a uno de sus empleados, con la misión de echar al tacho de la basura el proceso por cobro de impuestos devengados a su empresa SERGAS. Que se sepa, el caso ha pasado al olvido, para felicidad de los deudores del Estado, y ya nadie le pasa la factura al muy facineroso ex dirigente cívico y actual candidato por una de las expresiones de la derecha reaccionaria.

Peor aún, se sabe que la oficina de Santa Cruz ha sido entregada a un tal Salomón, abogado de aquellos a los que la fina ironía popular llamaría apropiadamente como “abogangster”, especializado en hacer pleitos al Estado en nombre de clientes que acuden a su bufete para aplicar cualquier chicanería leguleyesca que les ayude a eludir sus responsabilidades tributarias. Hoy, al frente del SIN departamental, este sujeto que fungiera en similares funciones durante el gobierno de la ADN –es decir, de Tuto Quiroga y compañía–, es nada más ni nada menos que juez y parte en diversos procesos judiciales sobre la materia.

Con certeza, a falta de una adecuada fiscalización –a la que el ministro Murillo considera como acto de sedición y desobediencia en tiempos de pandemia– cientos de casos serán “arreglados” por módicas sumas que, amén de engrosar las poco cristianas fortunas de los compinches de la dictadura, servirán también para financiar la campaña de la Añez, desesperada por defenestrar a sus competidores Carlos Mesa y Fernando Camacho, que ahora le vuelcan la espalda por simple cálculo político.

Esa inmensa mayoría de empleados del Estado que cumplen con sus deberes de servidores públicos con eficiencia, honestidad, diligencia y sacrificio, debe constituirse hoy en día en ejército de verdaderos defensores anónimos del Estado Plurinacional de Bolivia, conservando las pruebas de los delitos que se vienen cometiendo. Con ellos en mano, más temprano que tarde, se hará honor a la Justicia, devolviéndole su verdadero rol.