NUESTRA PALABRA No 9

Organizaciones sociales urbanas y sectores profesionales de todo el país denunciamos a nivel nacional e internacional que en Bolivia padecemos la asfixia final de la libertad de expresión, ahora a causa de la corrupción en la administración pública.

La gestión de la autoproclamada Jeanine Añez, a través de sus ministros, viceministros y otros funcionarios, se ha dedicado a asaltar sin pudor las arcas del Estado. Para ocultar estos hechos, se aferran a conductasdictatoriales que anulan el derecho a la información, nuestra democracia y los derechos humanos.

El último ejemplo es la amenaza del Ministerio de Gobierno al periodista Junior Arias de la cadena Gigavisión de Santa Cruz, quien denunció la millonaria irregularidad en la compra de material policial (ya un despropósito en tiempo de emergencia sanitaria). A raíz de ello, y quejándose por persecución incluso a miembros de su familia, lo cual no sufríamos desde la última dictadura de los 80, el comunicador tuvo que dejar momentáneamente su labor periodística, para precautelar su integridad y la de los suyos. Pero estaactitud de persecución a política y judicial a periodistas es moneda corriente en este gobierno.

Las explicaciones dadas por el titular de Defensa (y no por el de Gobierno sobre el que pesan las sindicaciones) fueron superficiales y rebatidas con más documentación que evidencia negociados, tal como sucedió incluso con equipos de salud que tenían que servir para enfrentar la pandemia, pero que son inservibles.

Rompiendo el cerco mediático vigente desde el golpe de Estado de noviembre, el reportero ya había hace poco dado a conocer la escandalosa compra de respiradores españoles inservibles y con sobreprecio, entre otros manejos turbios del patrimonio de los bolivianos por parte del régimen encumbrado por Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho y Jorge Quiroga.

Pero el hostigamiento a Arias es solo el reciente capítulo de esta tenebrosa historia para la libertad de
expresión, que desde el año pasado incluye el cierre de medio centenar de radios comunitarias, el
encarcelamiento o juicios para decenas de personas por apenas emitir su opinión en redes sociales, y el constante amedrentamiento a medios que dan la palabra a la disidencia, llegando al extremo de un decreto mordaza que pretendía acallar aun a los artistas, que en represalia a su protesta hoy han perdido el Ministerio de Culturas.

Con la misma fuerza con la que el pueblo boliviano y la comunidad internacional han rechazado estos hechos y esa norma, exigimos:

1. Que el régimen, así sea por los meses que le quedan antes de irse mediante el voto ciudadano, deponga todas y cada una de sus acciones dictatoriales y garantice efectivamente la libertad de expresión, el derecho a la información y todos los derechos no solo de los periodistas, sino de la ciudadanía en su conjunto.
2. Que la administración denominada transitoria, y muy especialmente su Ministerio de Gobierno a la cabeza del señor Arturo Murillo Prijic, esclarezca en detalle todas las denuncias y que el Gobierno transparente el uso de todos los fondos públicos y donaciones internacionales, para que, a título de emergencia sanitaria, los funcionarios corruptos no le sigan robando al pueblo a costa de su desgracia tal como sucedió con el caso de los respiradores y tantos otros en tan corto tiempo.
3. Que como se lo ha oficializado, la Asamblea Legislativa cumpla su labor de fiscalización sobre este latrocinio, y que a ella se sumen instancias como el Ministerio Público y la Contraloría General, hasta dar y sancionar a los verdaderos implicados y no solo con funcionarios de rango medio.
4. Que al igual que la ciudadanía a la que dicen servir, todos los sindicatos, federaciones, asociaciones, colegios de comunicadores y demás gremios de la prensa se solidaricen en defensa de su colega Junior Arias y todas las víctimas de persecución y hostigamiento, incluso a pesar de la jugosa pauta publicitaria que el régimen de Añez paga a cadenas como Red Uno y Unitel, para garantizar su silencio.
5. Que como lo han venido haciendo, entidades del exterior, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch (HRW) y hasta los diarios The Washington Post y The Guardian, persistan firmes en la denuncia de todos los abusos que Bolivia viene sufriendo a manos de un gobierno militarizado, violento, corrupto e incapaz.

POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Y EL RESPETO A LOS DERECHOS DE TODA LA POBLACIÓN

#EleccionesYa

Cochabamba 05 de junio de 2020