Nuevo tema de confrontación entre la dictadura y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ha sido la aprobación, por parte del Senado, de la Ley de Estados de Excepción que busca poner límites a ese cheque en blanco para cometer abusos represivos del gobierno.

No es nuevo el tema, como tampoco lo es el espíritu con que ambos poderes -Legislativo y Ejecutivo- hacen defensa de sus puntos de vista. Ya, entre los primeros actos de la autoproclamada Jeaninne Añez, hubo un intento de poner el velo de impunidad a cualquier exceso policial y militar a la hora de disciplinar a los «salvaje», para usar el léxico de la presidenta.

La flagrancia contra los más elementales derechos de las personas -violatoria de la CPE y de acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos- terminó siendo tan burda que, mal que le pese, obligó a la dictadura a anular el citado decreto. La norma no corre, pero las ganas no faltan.

Ahora, la ley propuesta por el Senado apunta a delimitar causales, procedimientos y duración de un estado de excepción, que faculta al Ejecutivo a emplear métodos represivos inusuales. Un aspecto destacable de la norma es, precisamente, la advertencia a «motines» y milicos que estado de excepción no es sinónimo de abusar como les dé la gana. Otro aspecto importante es que tal norma aleja de la dictadura, la tentación de declarar estado de sitio a causa de las movilizaciones sociales, es decir, le quita el pretexto de acusar de sedición a cualquier reclamo que pueda surgir de la sociedad, incluidas las movilizaciones que los acompañe.

La presidenta, que tal parece no abre la boca salvo por indicación de su dentista y de sus asesores, se ha visto en figurillas al momento de responder al cuestionamiento de periodistas respecto a éste y otros temas vinculados a la tensa relación con la ALP. Ha balbuceado que «somos respetuosos de los diferentes poderes» con visible nerviosismo y poca convicción.

El matón de turno, Arturo Murillo, no ha podido una vez más con su carácter y poco seso, afirmando que tal norma dejaría en la «indefensión a 11 millones de bolivianos». Esa cifra, esta vez, parece contemplar también a indios masistas ya que, de otra forma, no le alcanzaría. Esas mayorías que a diario se pronuncian por elegir democráticamente a su gobierno y que provocan natural pánico en el partido del que forma parte Murillo.

Tal vez por ello, no ha tenido otra que susurrarle al oído de su presidenta, «no hables de eso, no comentes de eso» . Cada día, el ministro de gobierno nos obsequia con un renovado papelón.