NUESTRA PALABRA No 11

Las organizaciones sociales urbanas y sectores profesionales de todo el país, estamos cansados e indignados del irrespeto a los derechos humanos de parte del Gobierno transitorio, razón por la cual denunciamos a nivel nacional e internacional que en Bolivia con el golpe violento de Jeanine Añez se han cometido flagrantes atentados en contra de la vida, la integridad y la dignidad de las personas, a miles de bolivianos se les prohibió y limitó a movilizarse para manifestarse públicamente en defensa de un proceso de cambio y a todos quienes estuvieran en desacuerdo con las medidas dictatoriales y violentas de las ocasionales autoridades transitorias.

La acción conjunta de los policías y militares que sembraron luto en las familias bolivianas, obedeció a órdenes de matar como mensaje directo de la violencia estatal que se instauraba para acallar cruelmente al pueblo, que en su mayoría eran hermanos en situación de pobreza que salieron sin saber que ponían en riesgo su integridad por defender sus derechos. En noviembre negro de la historia reciente, se han cometido masacres en Senkata de El Alto de La Paz y en Huayllani de Sacaba Cochabamba, donde murieron 36 personas, quedaron como 833 personas heridas y cerca de 1504 arrestadas o aprehensiones ilegales.

Hoy recordamos lamentablemente 7 meses de la masacre de Huayllani, que suma una víctima más con el fallecimiento del compañero Julio Pinto a consecuencia de una herida de bala en la cabeza, como muchos otros hermanos que murieron por similares causas confirmando un accionar represivo direccionado a matar a quienes piensen y opinen de manera diferente a los usurpadores de la voluntad popular.

El Gobierno transitorio emitió el Decreto Supremo N° 4100 con el compromiso de indemnizar a las familias de los caídos, sin embargo resultó ser un chantaje grosero puesto que de aceptar los damnificados no podían acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos con el objeto de lograr una investigación, comprobando con esta norma que la respuesta de los usurpadores es obstruir el acceso a la justicia por parte de las víctimas, limitando el derecho a la reparación integral que tienen en Bolivia lo que también incluye medidas de satisfacción, rehabilitación, verdad, justicia y garantías de no repetición.

Consideramos que no se puede limitar ilegalmente a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos el acceso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no solo por los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Bolivia, sino también por los acuerdos firmados por los Ministros del Gobierno Transitorio el 24 de noviembre de 2019, que ponen en evidencia la agenda pendiente e irresuelta que existe ante las víctimas y sus familiares de la masacre de Huayllani.

A siete meses de las masacres, el pueblo boliviano no ha encontrado un ápice de justicia, no hay detenidos, no hay imputados, no hay nada que brinde un poco de esperanza para las familias de muertos, detenidos y heridos que todavía sufren el abandono. Entre tanto retumba la posibilidad de que la impunidad siga vigente y las palabras oxidadas y ensangrentadas de quien funge como Ministro de Gobierno, que como hiciera el régimen de Banzer en la Masacre del Valle en 1974, acusara a los movilizados de dispararse ellos mismos. Estos actos nos muestran la crueldad de este gobierno que no se inmuta ante el sufrimiento del pueblo lo que nos obliga a elevar nuestra voz de protesta para exigir primero que se indemnice a las familias, segundo que se garantice los tratamientos para los hermanos que se encuentran con secuelas de la violencia estatal y tercero se libere a todos los detenidos.

Para este propósito exigimos el cumplimiento del acuerdo firmado el 24/11/2019 y olvidado por las ocasionales autoridades de Gobierno, para que de manera urgente se disponga:

1. La inmediata continuidad de las investigaciones dentro del proceso penal por la masacre de Huayllani, debiendo proseguirse por Etnocidio y Genocidio.
2. El repliegue inmediato de las Fuerzas Armadas, solicitado desde noviembre 2019.
3. La conformación de una Comisión de investigación por la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia y de la Comunidad Internacional con relación a los actos vandálicos, discriminatorios y racistas que culminaron en Genocidio y Etnocidio.
4. La indemnización para los familiares de los fallecidos y atención inmediata a todos los heridos hasta su restablecimiento total.
5. La conformación de la Comisión entre la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, la Fiscalía Departamental, un representante de las organizaciones sociales y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, para viabilizar las medidas procesales de los detenidos y procesados en las movilizaciones.
6. La desmovilización, investigación, procesamiento y sanción a quienes participan en grupos paramilitares, parapoliciales e irregulares, entre otros como la “Resistencia Juvenil Cochala”.
7. La no represión y respeto a la información verdadera, garantizado para todos los medios de comunicación, televisión, radio y restablecimiento de las radios comunitarias.

POR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

JUSTICIA PARA TODOS LOS CAÍDOS Y HERIDOS POR EL GOBIERNO DE FACTO

Cochabamba 15 de junio de 2020