Un gobierno que busca y promueve conflictos
La dictadura de la autoproclamada Jeaninne Añez merecería un capítulo de la serie “Aunque Ud. no lo crea”, por las desatinadas decisiones que toma en todos los ámbitos administrativos del Estado. Su último decreto –el 4272, dizque orientado a la reactivación económica y a la generación de empleo– es un conjunto de normas que recuerdan al tristemente célebre DS 21060, mediante el cual el gobierno de Víctor Paz Estenssoro inauguró la negra noche neoliberal que asoló al país por más de diez años.
Las disposiciones de ese decreto apuntan nuevamente a achicar al Estado, relegándolo al papel de simple espectador de las decisiones que emanan del dejar hacer dejar pasar, tan caro para las mentes y bolsillos neoliberales. De muestra basta un botón, afirma el aserto popular. Ha lanzado una verdadera conminatoria a las empresas estatales a demostrar su rentabilidad, sin apoyo alguno. El artículo 84 del D.S. 4272 determina, pese a la crisis de la pandemia, cero inversión para las empresas públicas. ¿Podrán competir con las empresas privadas que sí serán beneficiadas con recursos del Estado? En caso contrario, serán… ¿cerradas? ¿rematadas al peor postor? Ambas cosas: serán entregadas de una u otra manera al empresariado ávido de hacerse con la cosa pública a precio de gallina muerta, como lo hicieron a partir de 1985. Los mismos personajes que luego procedieron al remate del Estado, como Samuel Doria Medina, actúan ahora a la sombra de una dictadura, con esa finalidad.
Ejemplos sobran y no vaya a extrañarnos que mañana, Boliviana de Aviación (BOA) pase a ser un apéndice de Amaszonas, la línea aérea privada que apoyo generosamente a los golpistas y que ahora reclama que le devuelvan ¿el favor? –expresémonos con propiedad, por favor– el retorno de la inversión. El Teleférico de La Paz podrá también pasar a manos privadas que, pasado el primer sofocón, promoverá un incremento en los pasajes y un drástico recorte en su planta de empleados, para “ser rentable”. Similar suerte correrá, sin duda, la fábrica de úrea, que empieza a rendir utilidades al Estado y a la que, de seguro, los hábiles auditores, le encontrarán déficits irresolubles que aconsejan su inmediata privatización. ¿Qué pasará con los grandes negocios del Estado? Gas, petróleo, litio, el hierro de El Mutún, las tierras raras de nuestras minas, están ya en la mira de las codiciosas transnacionales que vienen a “invertir y a generar fuentes de trabajo”, de acuerdo a la receta neoliberal.
Pese a las negativas impúdicas de los personeros del régimen, lo cierto es que los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional no fueron inocentes ni dadivoso ha sido este organismo, al que ingenuamente algunos creyeron conmovido por el sufrimiento de nuestros países ante la pandemia que nos asola. Nada de ello, negocios son negocios y que el pueblo de indios y miserables se las aguante, que de ellos será el reino de los cielos, mientras les hacemos alguna jornada de oración con la biblia traída a Palacio. La famosa racionalización quiere decir, exactamente, poner en la calle a los trabajadores para explotar aún más a los que tienen la suerte de quedarse en la empresa, anulando casi todos sus derechos laborales.
En ese contexto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, en estricto cumplimiento de sus deberes constitucionales, ha aprobado una ley que prohíbe todo tipo de despidos durante esta cuarentena. Por supuesto, la muy cristiana Jeaninne Añez ha observado tal ley, alegando que su redacción era… ¡redundante! Anuncia despidos próximos pero se niega a aceptar una ley que los prohíbe explícitamente; no hay por donde perderse respecto a sus verdaderas intenciones. Y de esa forma, arma un nuevo conflicto entre poderes del Estado Plurinacional para dar contento a sus mandantes de Washington. Luego, claro está, el bocón de Murillo dirá que son acciones sediciosas las de los asambleístas nacionales y amenazara con más represión.
Urge tomar conciencia sobre los alcances de este decreto fatídico, para movilizarse e impedir su aplicación, que significará hambre, despidos, desocupación y mucha platita fácil para los más ricos.
Está muy claro que a este gobierno fascista le favorece el desorden no otra cosa significa que, hasta la fecha no hayan podido proveer los respiradores, no se hayan equipado los hospitales, y no se haya provisto al personal médico de los necesarios elementos de bioseguridad y que se escuden en el agravamiento y la continuidad de la pandemia, producto de la falta de voluntad política, la incapacidad, la CORRUPCIÓN y negligencia de los operadores del régimen golpista, pretendiendo postergar nuevamente las elecciones, y sí irse prorrogando indefinidamente.